A- de 2024

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja, Boyacá, y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Tunja, Boyacá.

La controversia se causa por demanda de reparación directa presentada por los padres y hermanos de un menor, contra el Municipio de Tunja, Boyacá, y la Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Promotora Subsidiada en liquidación (Comparta-EPS-S), para que se les declare administrativa y patrimonialmente responsables por la deficiente, inadecuada e inoportuna prestación del servicio médico asistencial en el manejo de la enfermedad que le fue diagnosticada al niño y que a pesar de que por decisión judicial le fue ordenada la prestación del servicio para su rehabilitación y el suministro de medicamentos, insumos y atención en salud, la entidad persiste en su incumplimiento, por lo que se alega la falla en el servicio y solicitan que se les condene al pago de los perjuicios, tasados y relacionados en escrito de demanda.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena toma el precedente del Auto 646 de 2021, y concluye que en este caso no resulta aplicable el fuero de atracción, por lo que considera que la competencia debe determinarse por el factor objetivo, que de acuerdo con el Auto 201 de 2022, en aplicación de la cláusula general o residual de competencia prevista en el artículo 15 del CGP, “la competencia para conocer de los procesos de responsabilidad médica de cualquier naturaleza y origen, sin consideración a las partes, será de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, si el asunto no es de conocimiento de la justicia contencioso administrativa”, y reitera lo dispuesto en Auto 913 de 2022 que, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad civil es la competente para resolver cualquier controversia que recaiga sobre la responsabilidad médica, aun cuando dentro de las entidades demandadas concurran entidades privadas y públicas, siempre que no se logre acreditar que las de naturaleza pública tienen una mínima probabilidad seria de ser condenadas en el proceso por haber concurrido de manera eficiente a la causación del daño.

La Corte dispone el envío del expediente al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Tunja, Boyacá, para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los sujetos procesales interesados en el trámite y al Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja, Boyacá.